Así las protestas en Estelí, Nicaragua, por pensiones

En diversos puntos de Nicaragua iniciaron el miércoles una serie de protestas por parte de civiles, mismas que son perseguidas por los grupos de choque. Las mismas empezaron luego que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) aumentara el monto de cotización a patronos y trabajadores e impuso una deducción del 5% a la pensión de jubilados para atención médica.

Los cambios al sistema de pensiones fueron recomendados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de darle sostenibilidad al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), pero a la población no le agrada.

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Cientos de manifestantes se enfrentaron este jueves a fuerzas antimotines en las calles de la capital nicaragüense en repudio a una reforma al sistema de pensiones, mientras el gobierno mandó a cerrar cuatro canales privados de televisión por informar de los choques.

Las protestas convocadas por universitarios, jubilados y vecinos comenzaron la mañana del jueves en las cercanías de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua, y al promediar la tarde se extendieron a otros recintos y ciudades vecinas.

Los manifestantes rechazan aumentos en las contribuciones al sistema de pensiones introducidos en una reforma decretada por el gobierno del presidente Daniel Ortega, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cientos de antimotines con escudos, escopetas y gases lacrimógenos repelieron a los manifestantes que ripostaban con piedras, mientras numerosos transeúntes quedaron atrapados en los enfrentamientos.

Un ambiente tenso se vivió en Managua, en medio del ulular de sirenas de cuerpos de socorro y la policía, detonaciones y humo en el lugar de las refriegas. Las universidades suspendieron las clases y algunos comercios cerraron sus puertas.

- Censura a medios -
El canal 15 de televisión por cable salió del aire. Según su director Miguel Mora, "el gobierno ha ordenado a las empresas de cable sacar del aire la señal" lo que calificó de "una clara violación al derecho a la libertad de prensa".

Otros tres canales de señal abierta y por cable quedaron fuera del aire cuando transmitían información sobre las protestas.

La vicepresidenta Rosario Murillo dijo que las protestas son dirigidas por grupos "minúsculos", a los que tildó de "almas pequeñas, toxicas, llenas de odio" que no representan el sentimiento del pueblo.

"Estas circunstancias dolorosas tan manipuladas, esa corrupción de pensamientos e intenciones, estos corazones enfermos, cargados de odio y pervertidos, no pueden sembrar el caos y negar a todas los nicaragüenses la tranquilidad que gracias a Dios tenemos", agregó.

Las protestas iniciaron el miércoles cuando al menos 18 personas, entre ellos periodistas, resultaron con heridas y golpes por objetos contundentes al ser sorprendidos por grupos de choque que se identifican con el gobierno.

El Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, llamó a la sensatez al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Murillo para que "detengan la violencia y la represión. ¡No pongan en peligro la paz del país!", publicó en su cuenta de Twitter.

Amnistía Internacional advirtió que "los ataques contra personas que se manifestaban pacíficamente y los periodistas que cubrían la protesta, representan un intento flagrante e inquietante de restringir los derechos a la libertad de expresión y reunión", dijo su directora para América, Erika Guevara-Rosas.

Los cambios al sistema de pensiones fueron recomendados por el FMI a fin de darle sostenibilidad al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS).

Pero el Funides, un centro de pensamiento de políticas económicas y sociales, acusó al gobierno de atribuirse funciones legislativas al modificar los aportes que recibe el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Aunque el gobierno mantuvo intacta la edad de jubilación y el número de cotizaciones para pensionarse, los aumentos en las contribuciones han sido rechazados por empresarios, sindicatos opositores y sociedad civil.

Analistas de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social advirtieron que la reforma provocará "despidos y más desempleo" y proyecta que unos 200 millones de dólares dejarán de circular en la economía, lo que redundará en una desaceleración del consumo y mayor informalidad.